El Govern respon a Compromís que no pensa revisar o eliminar el Concordat amb el Vaticà.

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Mulet lamenta que es continua incomplint els principis constitucionals de respecte a totes les creences.

El senador de Compromís, Carles Mulet, va presentar una pegunta escrita dirigida al Govern Central en la qual simplement s’interrogava sobre si pensa el Govern mantenir el concordat amb el Vaticà?, arran de la constant crítica social al manteniment de privilegis d’aquesta religió dins d’un estat que es declara aconfessional.
La resposta del Govern, no sorprendre vistos els precedents:

 

En relación con la información solicitada, se señala que el último Concordato suscrito entre el Estado Español y la Santa Sede, de 27 de agosto de 1953, dejó de tener vigencia en el año 1979. En dicha fecha, el Concordato fue sustituido íntegramente por cuatro Acuerdos de Cooperación entre España y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, sobre enseñanza y asuntos culturales, sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y sobre asuntos económicos, todos ellos conforme a los principios proclamados por el artículo 16 de la Constitución española.( ( No s’entén la resposta intentat desprendre que no existeix en la actualitat un concordat i solament una sèrie d’acords, quan un concordat és precisament un acord entre l’Església catòlica i un Estat per a regular les relacions entre ells, en matèries de mutu interès. Aquest tipus d’acords, no solament tenen caràcter de tractat internacional, entre dos estats, sinó que confereix a una sola religió de les presents a Espanya, tot un ventall de privilegis fiscals o la possibilitat d’immiscuir-se en l’educació pública

 

 

 

“ Dichos Acuerdos fueron suscritos el 3 de enero de 1979 y ratificados el 13 de septiembre de 1979 por el Congreso de los Diputados y el 30 de octubre de 1979 por el Senado por amplia mayoría de votos en ambas Cámaras. Desde entonces, el Tribunal Constitucional ha venido sosteniendo, en todos sus pronunciamientos sobre la materia, la plena conformidad de los Acuerdos con los principios y normas constitucionales. El Gobierno considera que tales circunstancias no han cambiado, habida cuenta de las estrechas relaciones de colaboración y cooperación mantenidas por España con la Santa Sede, que siguen desarrollándose satisfactoriamente en el marco de los Acuerdos antes referidos. De acuerdo con lo anterior, el Gobierno considera que las relaciones de España con la Iglesia Católica deben seguir basándose en los principios de libertad religiosa, aconfesionalidad del Estado, cooperación y dentro del marco del ordenamiento constitucional vigente.”

 

 

Segons Mulet “ la resposta és naïf amb totes les forces, volen deslligar la imposició del Concordat del franquisme, on es va instaurar, com si fóra un procés democràtic confirmat pels representants de la voluntat popular, quan se signe l’actualització en ple període de la transició, amb la inestabilitat política de l’època i la traïció al seu electorat de bona part dels partits de l’època: sense anar més lluny, el propi PSOE va desempolsar durant la passada campanya electoral la necessitat d’eliminar aquest concordat per atemptar a principis bàsics constitucionals, fet que mai s’ha atrevit a dur a terme quan ha governat.”


El Concordat en vigor vulnera l’article 16.3 de la Constitució en atorgar-li de facto la condició de confessió de l’Estat “ aquesta mateixa setmana, el PP s’ha oposat en el Senat a eliminar els elements catòlics dels actes institucionals com l’acte solemne de promesa del càrrec públic a l’inici de les legislatures”
.
Aquest Concordat solament atorga a l’Església Catòlica, el privilegi de poder impartir els seus dogmes en els centres educatius públics, sufragat amb diners de tots, la presència en hospitals i presons, per no parlar de les exempcions fiscals que no es limiten als llocs de culte, si no que han permès l’especulació immobiliària, o l’establir únicament a aquesta confessió la famosa “casella de la renda”, tots aquests fets demostren que no s’ha complit l’esperit del concordat en vigor que prometia l’autofinançament de l’Església Catòlica, ja que aquesta és finançada amb diners públics, i ostentat privilegis contraris a la Carta Magna.
Per al senador de Compromís “el PP com a partit ultra amb el nacionalcatolicisme en el seu ADN ha tingut el camí llaurat per un PSOE que quan ha governat no ha tingut el valor d’avançar cap a un respecte a totes la creences dins d’un estat aconfessional. Màxim respecte a les creences personals i a la llibertat de poder gaudir i practicar aquestes amb igualtat d’oportunitats, sense atorgar privilegis a cap per molt majoritària que siga, l’àmbit de les creences en teoria fa dècades es va superar que havia d’ocupar un àmbit diferent al de l’oficialitat de l’estat”

 

 

El Gobierno responde a Compromís que no piensa revisar o eliminar el Concordato con el Vaticano.

Mulet lamenta que se continúe incumpliendo los principios constitucionales de respeto a todas las creencias.

 

El senador de Compromís, Carles Mulet, presentó una pegunta escrita dirigida al Gobierno Central en la cual simplemente se interrogaba sobre si piensa el Gobierno mantener el concordato con el Vaticano, a raíz de la constante crítica social al mantenimiento de privilegios de esta religión dentro de un estado que se declara aconfesional.

La respuesta del Gobierno, no sorprender vistos los precedentes:

 

En relación con la información solicitada, se señala que el último Concordato suscrito entre el Estado Español y la Santa Sede, de 27 de agosto de 1953, dejó de tener vigencia en el año 1979. En dicha fecha, el Concordato fue sustituido íntegramente por cuatro Acuerdos de Cooperación entre España y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, sobre enseñanza y asuntos culturales, sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y sobre asuntos económicos, todos ellos conforme a los principios proclamados por el artículo 16 de la Constitución española.( No se entiende la respuesta intentado desprender que no existe en la actualidad un concordato y solamente una serie de acuerdos, cuando un  concordato es precisamente  un acuerdo entre la  Iglesia católica y un Estado para regular las relaciones entre ellos, en materias de mutuo interés. Este tipo de acuerdos, no solamente tienen carácter de tratado internacional, entre dos estados, sino que confiere a una sola religión de las presentes en España, todo un abanico de privilegios fiscales o la posibilidad de inmiscuirse en la educación pública.

 

“ Dichos Acuerdos fueron suscritos el 3 de enero de 1979 y ratificados el 13 de septiembre de 1979 por el Congreso de los Diputados y el 30 de octubre de 1979 por el Senado por amplia mayoría de votos en ambas Cámaras. Desde entonces, el Tribunal Constitucional ha venido sosteniendo, en todos sus pronunciamientos sobre la materia, la plena conformidad de los Acuerdos con los principios y normas constitucionales. El Gobierno considera que tales circunstancias no han cambiado, habida cuenta de las estrechas relaciones de colaboración y cooperación mantenidas por España con la Santa Sede, que siguen desarrollándose satisfactoriamente en el marco de los Acuerdos antes referidos. De acuerdo con lo anterior, el Gobierno considera que las relaciones de España con la Iglesia Católica deben seguir basándose en los principios de libertad religiosa, aconfesionalidad del Estado, cooperación y dentro del marco del ordenamiento constitucional vigente.”

Según Mulet “ la respuesta es naif a más no poder, quieren desligar la imposición del Concordato del franquismo, donde se instauró, como si fuera un proceso democrático refrendado por los representantes de la voluntad popular, cuando se firmo la actualización en pleno periodo de la transición, con la inestabilidad política de la época y la traición a su electorado de buena parte de los partidos de la época: sin ir más lejos, el propio PSOE desempolvó durante la pasada campaña electoral la necesidad de eliminar este concordato por atentar a principios básicos constitucionales,  hecho que nunca se ha atrevido a llevar a cabo cuando ha gobernado.”

El Concordato en vigor vulnera el artículo 16.3 de la Constitución al otorgarle de facto la condición de confesión del Estado “esta misma semana, el PP se ha opuesto en el Senado a eliminar los elementos católicos de los actos institucionales como el acto solemne de promesa del cargo público al inicio de las legislaturas”.

Este Concordato solamente otorga a la Iglesia Católica, el privilegio de poder impartir sus dogmas en los centros educativos públicos, sufragado con dinero de todos, la presencia en hospitales y prisiones , por no hablar de las  exenciones fiscales que no se limitan a los lugares de culto, si no que han permitido la especulación inmobiliaria, o el establecer únicamente a esta confesión la famosa “casilla de la renta”, todos estos hechos demuestran que no se ha cumplido el espíritu del concordato en vigor que prometía la autofinanciación de la Iglesia Católica, ya que ésta viene siendo financiada con dinero público, y ostentado privilegios contrarios a la Carta Magna.

Para el senador de Compromís “el PP como partido ultra con el nacional catolicismo en su ADN ha tenido el camino labrado por un PSOE que cuando ha gobernado no ha tenido el valor de avanzar hacia un respeto a todas la creencias dentro de un estado aconfesional. Máximo respeto a las creencias personales y a la libertad de poder disfrutar y practicar estas con igualdad de oportunidades, sin otorgar privilegios a ninguna por muy mayoritaria que sea, el ámbito de las creencias en teoría hace décadas se superó que tenía que ocupar un ámbito distinto al de la oficialidad del estado”

 

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