Carles Mulet reclama “una solución justa para todas las personas en situación de abuso” y anuncia que pelearán hasta el último segundo por cumplir con Europa
Madrid, 12 de noviembre de 2021
El senador de Compromís, Carles Mulet, ha manifestado su satisfacción y sorpresa por el hecho que las soluciones planteadas de distintas maneras en sendas Proposiciones de Ley apoyadas en dictámenes de catedráticos de la Universitat de València, “vayan a ser las que acaben poniendo un poco de sentido común en el Proyecto de Ley, a pesar que eran mucho más ambiciosas y justas con los afectados”.
Mulet ha mostrado su extrañez ante lo que considera una “incongruencia” que demuestra que el Gobierno obró de mala fe al vetar en varias ocasiones las iniciativas de la coalición in extremos, a pesar que superaron sin reparos, ni enmiendas, ni alternativas sus respectivas tramitaciones. “Tuvimos un buen ojo clínico de la mano de la Plataforma Interinos en Acción en la diagnosis y posibles soluciones. Lo que antes era ilegal y nadie creía en ello, ahora se admite sin inconvenientes y supone una solución viable para buena parte de los afectados y una medida ágil para desbloquear el entuerto jurídico creado en las administraciones por no convocar las plazas en el sector público, lo que ha castigado durante décadas a los trabajadores y a la calidad de los servicios”, ha insistido.
La coalición “batallará en el Senado” para que se rebaje hasta los tres años (que es cuando se inicia el abuso según la doctrina del TJUE y así lo están admitiendo algunos jueces en la vía contenciosa) el límite de casi seis que se ha establecido en las enmiendas transaccionales pactadas en el Congreso. Mulet ha señalado que “el Proyecto de Ley para la reducción de la Temporalidad en el Empleo Público debe ser legal, cumplir con la normativa comunitaria y el TJUE, sancionar las malas prácticas que ha ejercido la Administración en la materia y englobar a quienes llevan más de tres años en puestos estructurales desde la publicación de la normativa”.
Para ello la coalición insiste en su propuesta de concursos diferenciados donde se valore preferentemente la experiencia en el puesto de trabajo objeto de la convocatoria y tiempo de servicios prestados en la Administración convocante; analizar plaza por plaza y aumentar la horquilla de personal que se pueda estabilizar, “Nadie creía en la opción de la vía de la excepcionalidad y ahora todo el mundo ha visto que esa es la solución mas coherente”, ha remarcado Mulet. Así la coalición ha recordado el estudio que cifraba entre 7 y 11 mil millones de euros en caso de condenas y resoluciones favorables al colectivo de interinos, lo que implicaría un incremento de la conflictividad laboral y serias repercusiones económicas para pequeños ayuntamientos entre otras.
“Llegados a este punto, es el momento de estudiar al detalle la ley, las repercusiones de culminar procesos en marcha que afectan a personas en fraude de ley y que su aplicación afecte por igual a todas las comunidades autónomas, para que no puedan darse agravios entre empleados públicos o en el personal fijo discontinuo, de forma que se ponga orden en el sector público, los derechos laborales y se desbloqueen años de austericidio que han bloqueado las tasas de reposición en el sector para controlar el gasto y perjudicar a los servicios”, ha abundado.