NºRegistro: 88409 Expediente: 684/037474/0001 D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA CONFEDERAL – COMPROMÍS, al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita: Ante la noticia publicada recientemente en sobre el proyecto de construcción de un gran centro psiquiátrico penitenciario en la población de Siete Aguas (Valencia), con previsión de 500 plazas, sobre las instalaciones que inicialmente habían sido concebidas para ubicar un centro penitenciario convencional, las siguientes entidades: – AEN-Profesionales de Salud Mental – APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía) – Asociación ÀMBIT – ASIEM – AVACOS-H -CALCSICOVA (formada por 9 entidades) – CESIDA (formada por 74 entidades) – COEP ¿ Coordinadora de entidades del entorno penitenciario de la Comunidad Valenciana (formada por 15 entidades) – Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA – Federació Salut Mental Comunitat Valenciana (formada por 29 entidades) -Fundación Adsis – ROSEP – OMV SOCIAL – Salhaketa Nafarroa – SESP – Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria – SJM Valencia (Servicio Jesuita Migrante) – Sociedad Española de Psiquiatría Legal manifiestan su sorpresa ante esta noticia, que consideramos inquietante y desconcertante. La construcción de este centro refuerza una serie de valores que son totalmente contrarios a los que, desde hace tiempo, se defienden de forma clara y repetida desde las distintas instituciones españolas e internacionales implicadas este ámbito. Las estrategias de intervención que se llevarán a cabo en este centro psiquiátrico penitenciario, van en dirección totalmente opuesta a la que marcan tanto organismos nacionales (como la Estrategia de Salud Mental SNS, la propia Dirección General de Instituciones Penitenciarias, la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, APHDA, AEN, Sociedad Española de Psiquiatría Legal, o la Estrategia de Salud Mental de la Comunidad Valenciana) como internacionales (ONU, OMS y Consejo de Europa). Todos ellos abogan por proporcionar a personas con trastornos psiquiátricos en contextos que proporcionen máxima oportunidad de recuperación personal y social, mediante equipos que trabajan en dispositivos asistenciales insertos en el medio comunitario, en la red general de atención del SNS y de los Servicios Sociales, evitando las instituciones de gran tamaño y aisladas del contexto de vida diaria, que significan la marginación y riesgo de máxima exclusión de esta población. Por tanto, señalamos que: Las prisiones no pueden ser espacio para personas con problemas de salud mental (especialmente en el caso de ser inimputables). En España, ya existen dos hospitales psiquiátricos penitenciarios y no tienen los recursos sociosanitarios adecuados en la actualidad. La Estrategia de Salud Mental del SNS establece la recuperación de personas con problemas de salud mental en el ámbito comunitario. La propia Dirección General de Instituciones Penitenciarias viene manifestando que las prisiones no son el espacio adecuado para las personas con problemas de salud mental (programa puente). La Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria lleva años denunciando de manera continuada la carencia de una atención primaria en las prisiones y la falta de personal cualificado en materia de salud mental. El modelo Español penitenciario para la atención de las personas con Patología Dual vulnera de forma clara y repetida declaraciones internacionales (ONU, OMS, Consejo de Europa). Por ello: MANIFIESTAN su rechazo a esta propuesta de creación de un macrocentro psiquiátrico penitenciario que supondría perpetuar un modelo anacrónico, sin justificación posible, cuando hoy todas las directrices de las instancias nacionales e internacionales antes señaladas, coinciden en la necesidad y viabilidad de otras medidas más acordes con los Derechos Humanos y con la orientación recuperadora de los enfermos mentales en la sociedad. EXIGEN la inmediata cancelación del proyecto del Centro Psiquiátrico Penitenciario de Siete Aguas y la transferencia de las competencias sanitarias penitenciarias a las Comunidades Autónomas, lo que permitiría avanzar en dar una solución a este grave problema de acuerdo a las necesidades locales y conforme a lo establecido en el Ley 16/2003 de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. OFRECEN su colaboración para definir fórmulas alternativas viables, al estilo de las que ya existen en otros países europeos, respetuosas con los DDHH y el derecho a la equivalencia de cuidados (es decir, aquellos que se proporcionan al resto de la población mediante la Sanidad pública y el conjunto de Servicios Sociales), y cuya responsabilidad de gestión asumen las distintas CCAA. El objetivo es proporcionar una atención digna y de calidad a esta población, respondiendo así a la alta prevalencia de trastornos mentales en el entorno penitenciario y a las necesidades de atención derivada de su mayor vulnerabilidad psicosocial. Esta colaboración podría concretarse mediante la creación de un consejo asesor o consultivo que cuente con la participación de asociaciones de personas usuarias y de profesionales del ámbito de la salud y sociosanitario, que permitan orientar las iniciativas desde el ámbito político. Por todo ello se pregunta al Gobierno ¿En qué estado de tramitación está el proyecto de construcción de un gran centro psiquiátrico penitenciario en la población de Siete Aguas (Valencia)? ¿Piensa, como sería sensato, cancelar el proyecto del Centro Psiquiátrico Penitenciario de Siete Aguas y la transferencia de las competencias sanitarias penitenciarias a las Comunidades Autónomas, lo que permitiría avanzar en dar una solución a este grave problema de acuerdo a las necesidades locales y conforme a lo establecido en el Ley 16/2003 de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud? ¿Piensa atender a las peticiones de las entidades firmantes de este comunicado? |