Presentem moció al Senat exigint que l’Estat assumisca el cost de les dessaladores de Castelló

Compromís presenta preguntas y moción para que el Gobierno asuma los cánones de las desaladoras de Castelló

Declaraciones video :

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A LA MESA DEL SENADO

Carles Mulet Garcia, senador del Grupo Parlamentario IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y CATALUNYA EN COMÚ PODEM) al amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado presenta, para su debate a la Comisión que corresponda, la siguiente Moción para que el Estado asuma los cánones de la construcción de las desaladoras de Castelló

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En plena época del boom inmobiliario, en algún caso por demandas por los ayuntamientos afectados, el Gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó la creación de desaladoras en los municipios de Cabanes y Moncofa para permitir y promover grandes actuaciones urbanísticas en el litoral de Castelló y, en teoría, mejorar el suministro actual. Cabanes, con los votos del PP y el PSOE a favor, regaló gratuitamente suelo público de gran valor económico para esta infraestructura. A pesar de ello, la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. ha venido empleando el nombre de desaladora de Orpesa. En cambio, en Moncofa se expropiaron los terrenos necesarios.

Acuamed promovió la actuación dentro del Programa AGUA (Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua) y firmó convenios con los ayuntamientos afectados; Cabanes, Orpesa, Moncofa y Xilxes y, más tarde, Benicàssim. Ninguno de los grandes proyectos se materializó en los términos de lo acordado. Ambas desaladoras estaban contempladas dentro de la Ley 11/2005 por la que se modificó la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. Concretamente se cita dentro de las actuaciones del Anexo IV “Actuaciones prioritarias y urgentes”, en el apartado de la Cuenca Hidrográfica del Júcar, con el título “Desarrollo de aguas subterráneas y desalación para abastecimientos y regadíos en Castellón”. Se trata de un proyecto que cuenta con declaración de interés general, pues como tal se incluye en el anexo III de la citada Ley 11/2005, siendo coherente con el texto refundido de la Ley de Aguas que, en su artículo 46 Obras Hidráulicas de Interés General, apartado 2, establece tal consideración.

Pasados ​​los años, estas infraestructuras se han puesto parcialmente en funcionamiento, firmando con algunos de los ayuntamientos convenios temporales para salir del paso, pero con un horizonte en el que serán los ayuntamientos los que acaben haciéndose cargo del coste no subvencionado de la construcción.

La desaladora de Cabanes-Orpesa recibió de fondos FEDER europeos 17,2 millones de euros y la de Moncofa 17,9 para su construcción. Está aún por resolver cómo se financian el total de 34,8 millones de euros de la de Cabanes y los 36,5 millones de euros de la de Moncofa, a pagar en 25 años (la primera junto a Oropesa y en parte Benicàssim y la segunda junto a Xilxes), además del coste de mantenimiento de las instalaciones y de producción del agua desalada que es, obviamente, cara. Los convenios temporales firmados con los ayuntamientos son una patada adelante, pero no solucionan el problema. Además del coste de la planta y del precio más caro, el convenio transitorio obliga a hacerse cargo de una cantidad de agua desalada alejada de las necesidades reales, que los ayuntamientos, como en caso por ejemplo de Moncofa, no necesitan a estas alturas.

Estas actuaciones vergonzosas se impulsaron, en ambos casos, para favorecer grandes operaciones urbanísticas, mientras no se solucionaban los problemas de suministro hídrico de nuestros pueblos. Y esto se hizo con los votos entusiastas tanto del PP como del PSOE en los ayuntamientos afectados, aunque a estas alturas los dos partidos se dedican a criticar al otro, a pesar de ser los dos igualmente responsables.

La única manera de hacer rentable ahora esta inversión es pensar en nuevas alternativas de uso de las instalaciones, ya que no existe ninguna demanda que justifique su puesta en total funcionamiento. En la actualidad funcionan en mínimos, con convenios transitorios, que aún así producen más agua desalada que lo que la demanda necesita.

Hay que apostar por la firma de nuevos convenios donde el Estado asuma su coste, pero también donde se determinen los derechos de uso en el que se contemplen usos ambientales para recuperar pozos y aguas subterráneas, usos de adaptación al cambio climático (momentos de sequía), usos agrícolas, humanos y de desarrollo económico con premisas de sostenibilidad. Se necesitan nuevos acuerdos entre administraciones donde, aparte de resolver ese coste, se analicen prioritariamente cuestiones sociales, ambientales y de desarrollo sostenible.

Por todo ello se propone la siguiente

MOCIÓN

El Senado insta al Gobierno a:

Primero: Asumir el coste del canon de construcción a satisfacer por los ayuntamientos afectados, por los motivos expuestos y a eximir a los ayuntamientos de esta obligación.

Segundo: Derogar los convenios suscritos con los ayuntamientos afectados, tanto los primeros como los transitorios actuales y empezar a trabajar con otros que contemplen un nuevo estudio de viabilidad que valore los posibles usos, aprovechamientos, costes de estas dos desaladoras y renegociar los acuerdos con las entidades locales de acuerdo a la nueva realidad que se determine.

Tercero: Elaborar un proyecto para analizar los posibles usos alternativos de este proyecto.

Palacio del Senado, 4 de febrero de 2020
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