Mulet afirma que l’executiu recolza amb la boca xicoteta aquesta activitat polèmica i d’alt risc per a la ciutadania.
Castelló a 19 d’octubre de 2017. El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, va presentar recentment una pregunta escrita al Govern perquè es posicionara sobre el fracking o fractura hidràulica, després del posicionament contrari dels Corts Valencianes.
En el text de la pregunta Mulet exposava “ Les Corts Valencianes van aprovar en 5 d’octubre de 2016 una resolució en la qual s’instava al Consell de Generalitat al fet que instar al Govern Central a denegar la concessió de permisos per a la pràctica de la fractura hidràulica per a l’obtenció d’hidrocarburs , amb una sèrie de propostes detallades en el text. Per tot açò es pregunta, quines mesures es van adoptar sobre aquest tema? es va fer cas d’alguna de cadascuna de les peticions d’aquest escrit? es va contestar en algun moment al Govern valencià sobre les mesures sol·licitades?”.
En la seua resposta, el Govern constata que no s’ha fet cas a tal petició, que es permet aquesta activitat i es limiten a consideracions genèriques amb tal de minimitzar sense garanties el seu reconegut altíssim impacte. “ és absurd avalar una exigència tècnica i ambiental que garantisca la seguretat de les persones i del medi ambient en una activitat com aquesta que ni ella mateixa pot predir els efectes de la seua activitat, la destrucció i contaminació d’aqüífers subterranis o la propagació de gasos, aquestes exigències tècniques se silencien amb informes elaborats a la carta, previ pagament, no existeix la garantia de la innocuïtat, en un sistema que ja s’ha vist els efectes letals que ha ocasionat en països com Estats Units d’Amèrica”
Mulet ha recordat que la falta d’un posicionament contrari de l’administració central permet que es puguen tornar a presentar projectes d’aquest tipus “ En el País Valencià, malgrat el rebuig social majoritari, el PP estava a favor de destrossar el territori per al benefici de molt pocs, va anar el propi desinterès de l’empresa a continuar amb el projecte qui va paralitzar la tramitació, ja que els governs del PP a València llavors i a Madrid, era favorables, i ara, es veu amb aquesta resposta, ho continuen sent. Per açò no defallim en l’exigència d’una legislació estatal que rebutge de plànol aquesta activitat pel seu nul interès social, i el gran irreparable impacte que genera:
La resposta del Govern”
La respuesta del Gobierno”
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala que se ha reforzado el control medioambiental de los proyectos mediante las modificaciones operadas en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (LSH) y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (LEA), que tienen por finalidad establecer un marco jurídico transparente cuya piedra angular sea la exigencia técnica y ambiental que garantice la seguridad de las personas y del medioambiente. A este respecto, se ha reforzado el control medioambiental de los proyectos con el objetivo de establecer un marco legal transparente tanto para las empresas como para los ciudadanos, que fije unas reglas basadas en la exigencia de unos estrictos estándares de seguridad para las personas, de protección del medioambiente y de los recursos naturales. Como cualquier actividad industrial, la utilización de la fracturación hidráulica no está exenta de riesgos si bien dichos riesgos son gestionables mediante la aplicación de las mejores prácticas de la industria. En este sentido, fruto de la evaluación de impacto medioambiental caso por caso, atendiendo a las características del proyecto y del entorno concreto en el que se integra, se adopta una decisión definitiva que incluye las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas, los bienes y el medioambiente, medidas que pueden incluir la propia prohibición del proyecto cuando sus circunstancias concretas así lo recomienden. Así, aun cuando la Directiva Europea en la materia no lo exige, siendo por tanto la legislación española más exigente que la europea, las perforaciones que contemplen la utilización de técnicas de fracturación hidráulica se someterán al procedimiento ordinario de evaluación de impacto ambiental de la LEA que implica la realización de un trámite de información pública sin perjuicio de una batería de consultas a las Administraciones y al público interesado. De esta forma, se garantiza la máxima protección del medioambiente a la vez que se ofrece la máxima información a los ciudadanos que podrán participar activamente en el procedimiento.
Compromís critica que el Gobierno desoiga a les Corts Valencianes y no rechace el fracking.
Mulet afirma que el ejecutivo apoya con la boca pequeña esta actividad polémica y de alto riesgo para la ciudadanía.
Castelló a 19 de octubre de 2017. El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, presentó recientemente una pregunta escrita al Gobierno para que se posicionara sobre el fracking o fractura hidráulica, después del posicionamiento contrario de les Corts Valencianes.
En el texto de la pregunta Mulet exponía “ Las Corts Valencianes aprobaron en 5 de octubre de 2016 una resolución en la cual se instaba al Consell de Generalitat a que instar al Gobierno Central a denegar la concesión de permisos para la práctica de la fractura hidráulica para la obtención de hidrocarburos , con una serie de propuestas detalladas en el texto. Por todo ello se pregunta, ¿qué medidas se adoptaron al respecto? ¿se hizo caso de alguna de cada una de las peticiones de este escrito? ¿se contestó en algún momento al Gobierno valenciano sobre las medidas solicitadas?”.
En su respuesta, el Gobierno constata que no se ha hecho caso a tal petición, que se permite esta actividad y se limitan a consideraciones genéricas con tal de minimizar sin garantías su reconocido altísimo impacto. “ es absurdo avalar una exigencia técnica y ambiental que garantice la seguridad de las personas y del medioambiente en una actividad como esta que ni ella misma puede predecir los efectos de su actividad, la destrucción y contaminación de acuíferos subterráneos o la propagación de gases, estas exigencias técnicas se silencian con informes elaborados a la carta, previo pago, no existe la garantía de la inocuidad, en un sistema que ya se ha visto los efectos letales que ha ocasionado en países como Estados Unidos de América”
Mulet ha recordado que la falta de un posicionamiento contrario de la administración central permite que se puedan volver a presentar proyectos de este tipo “ En el País Valencià, a pesar del rechazo social mayoritario, el PP estaba a favor de destrozar el territorio para el beneficio de muy pocos, fue el propio desinterés de la empresa en continuar con el proyecto quien paralizó la tramitación, ya que los gobiernos del PP en València entonces y en Madrid, era favorables, y ahora, se ve con esta respuesta, lo continúan siendo. Por ello no cejamos en la exigencia de una legislación estatal que rechace de plano esta actividad por su nulo interés social, y el gran irreparable impacto que genera:
La respuesta del Gobierno”
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala que se ha reforzado el control medioambiental de los proyectos mediante las modificaciones operadas en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (LSH) y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (LEA), que tienen por finalidad establecer un marco jurídico transparente cuya piedra angular sea la exigencia técnica y ambiental que garantice la seguridad de las personas y del medioambiente. A este respecto, se ha reforzado el control medioambiental de los proyectos con el objetivo de establecer un marco legal transparente tanto para las empresas como para los ciudadanos, que fije unas reglas basadas en la exigencia de unos estrictos estándares de seguridad para las personas, de protección del medioambiente y de los recursos naturales. Como cualquier actividad industrial, la utilización de la fracturación hidráulica no está exenta de riesgos si bien dichos riesgos son gestionables mediante la aplicación de las mejores prácticas de la industria. En este sentido, fruto de la evaluación de impacto medioambiental caso por caso, atendiendo a las características del proyecto y del entorno concreto en el que se integra, se adopta una decisión definitiva que incluye las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas, los bienes y el medioambiente, medidas que pueden incluir la propia prohibición del proyecto cuando sus circunstancias concretas así lo recomienden. Así, aun cuando la Directiva Europea en la materia no lo exige, siendo por tanto la legislación española más exigente que la europea, las perforaciones que contemplen la utilización de técnicas de fracturación hidráulica se someterán al procedimiento ordinario de evaluación de impacto ambiental de la LEA que implica la realización de un trámite de información pública sin perjuicio de una batería de consultas a las Administraciones y al público interesado. De esta forma, se garantiza la máxima protección del medioambiente a la vez que se ofrece la máxima información a los ciudadanos que podrán participar activamente en el procedimiento.