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D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y CATALUNYA EN COMÚ PODEM), al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
A la pregunta: La publica CIVIO ‘ El BOE de hoy recoge un convenio, firmado en diciembre, para que la Fundación Santa Cruz del Valle de los Caídos cuente con la asistencia jurídica de la Abogacía del Estado, esto es, que abogados del Estado le representen en posibles litigios.
El documento aclara que la Fundación no pagará nada por este servicio, al contrario que otras fundaciones públicas. El Gobierno de Pedro Sánchez propuso, en la anterior legislativa, transformar esta entidad, que en la actualidad cuelga de Patrimonio Nacional.
Como todos los convenios de asistencia jurídica de este tipo, los abogados del Estado no podrán representar a esta Fundación en el caso de que se enfrente, en los tribunales, contra el propio Gobierno. Así pasa también en un acuerdo similar entre la Abogacía del Estado y el Consejo de transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Con una diferencia: el CTBG sí paga por esa asistencia jurídica. En concreto, 20.000 euros anuales. De hecho, esta entidad, encargada de vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, ha gastado más de 287.000 euros en defenderse de recursos,
la mayoría de administraciones públicas, cuando ocurre justo eso: que se enfrentan al propio Gobierno y, por tanto, la Abogacía del Estado no puede representarles.
También otras fundaciones públicas similares a la del Valle de los Caídos tienen que tirar de su propio presupuesto. Tres ejemplos recientes: la Fundación Universidad- Empresa de Valencia, dependiente de la universidad de la ciudad, paga 20.000 euros al año; la Fundación Pública de Servicios de la Cueva de Nerja, encargada de cuidar esa instalación, 25.000; y la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, 3.000.
La Fundación Santa Cruz del Valle de los Caídos fue creada por el dictador
Francisco Franco en 1957. En 1982, se reformó para que su patronato dependiera de Patrimonio Nacional, pero el Tribunal de Cuentas ha criticado la poca claridad de la relación económica entre ambos organismos y la opacidad de sus cuentas. De hecho, hace un año, Patrimonio Nacional decidió no transferir fondos al Valle hasta que presentara cuentas “veraces”.
El coste de este convenio gratuito se suma a las obras de mantenimiento sufragadas por Patrimonio Nacional y a las transferencias directas que reciben, de 340.000 euros anuales. El convenio publicado hoy en el BOE durará un año -con posibilidad de prórroga por otro más.
Por eso se pregunta:
¿En serio?
¿Se sonroja el ejecutivo con este hecho?¿Piensa revertir esta vergonzosa situación?
<El Gobierno ha contestado:
AUTOR/A: MULET GARCÍA, Carles (GPIC) RESPUESTA: En relación con las
preguntas formuladas por Su Señoría, cabe recordar que el Gobierno trabajó durante la pasada Legislatura en el avance del cumplimiento de las medidas contempladas en el Informe de Expertos sobre el Valle de los Caídos, entregado al Ministerio de la Presidencia el 29 de noviembre de 2011.
En ese sentido, se llevó a cabo la aprobación del Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto, por el que se modifica la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
Como consecuencia de la aprobación del citado Real Decreto-ley, se llevó a cabo la exhumación del dictador Francisco Franco el pasado 24 de octubre de 2019. El Gobierno mantiene su compromiso en el avance por la resignificación del Valle de los Caídos.
Madrid, 06 de marzo de 2020
Obviamente, no ha respondido a la pregunta, por ello la reitero:
¿En serio?
¿Se sonroja el ejecutivo con este hecho?¿Piensa revertir esta vergonzosa situación?
RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) PREGUNTA ESCRITA SENADO
684/9869
20/03/2020
16922
AUTOR/A: MULET GARCÍA, Carles (GPIC) RESPUESTA: En relación con la iniciativa de referencia, se señala que el Gobierno, y en concreto el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, se reitera en la respuesta proporcionada a la pregunta con nº de expediente: 684/1709. En todo caso, la prioridad absoluta actual del Gobierno es la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para lo que se declaró la situación de estado de alarma el pasado día 14 de marzo de 2020.