Existen serias dudas de este cambio de criterio y los afectados consideran que se podría haber embargado de más
MADRID, 1 de diciembre de 2020
El portavoz de la coalición en el Senado, Carles Mulet, ha registrado esta mañana una pregunta ante el embargo por sorpresa de pensiones de miles de beneficiarios de estas prestaciones. Hacienda ha comenzado a embargar a los pensionistas españoles las deudas que pudieran tener, aunque podría haberse excedido. La prensa ha cifrado en 75.000 los pensionistas que han podido verse afectados por recortes de hasta 400 euros mensuales en su nómina de diciembre, mes en el que se abona la paga extra, debido a una aplicación estricta de los criterios de embargo del Ministerio de Hacienda sobre el importe de la prestación.
La recaudación por esta vía supone una ejecución dineraria mucho mayor sin previo aviso, a pesar que la Seguridad Social asegura que están informando por carta de estos cambios. “No parece la situación de pandemia, la crisis económica y la proximidad de las fiestas navideñas el mejor momento para realizar embargos a los jubilados de sus ingresos por encima del salario mínimo, máxime cuando en ocasiones contribuyen a sostener economías de sus familiares más directos”, ha señalado Mulet.
El artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil indica:
Artículo 607. Embargo de sueldos y pensiones.
1. Es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional.
2. Los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que sean superiores al salario mínimo interprofesional se embargarán conforme a esta escala:
1.º Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del salario mínimo interprofesional, el 30 por 100.
2.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer salario mínimo interprofesional, el 50 por 100.
3.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto salario mínimo interprofesional, el 60 por 100.
4.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto salario mínimo interprofesional, el 75 por 100.
5.º Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90 por 100.
3. Si el ejecutado es beneficiario de más de una percepción, se acumularán todas ellas para deducir una sola vez la parte inembargable. Igualmente serán acumulables los salarios, sueldos y pensiones, retribuciones o equivalentes de los cónyuges cuando el régimen económico que les rija no sea el de separación de bienes y rentas de toda clase, circunstancia que habrán de acreditar al Secretario judicial.
4. En atención a las cargas familiares del ejecutado, el Secretario judicial podrá aplicar una rebaja de entre un 10 a un 15 por ciento en los porcentajes establecidos en los números 1.º, 2..º, 3.º y 4.º del apartado 2 del presente artículo.
5. Si los salarios, sueldos, pensiones o retribuciones estuvieron gravados con descuentos permanentes o transitorios de carácter público, en razón de la legislación fiscal, tributaria o de Seguridad Social, la cantidad líquida que percibiera el ejecutado, deducidos éstos, será la que sirva de tipo para regular el embargo.
6. Los anteriores apartados de este artículo serán de aplicación a los ingresos procedentes de actividades profesionales y mercantiles autónomas.
7. Las cantidades embargadas de conformidad con lo previsto en este precepto podrán ser entregadas directamente a la parte ejecutante, en la cuenta que ésta designe previamente, si así lo acuerda el Secretario judicial encargado de la ejecución.
En este caso, tanto la persona o entidad que practique la retención y su posterior entrega como el ejecutante, deberán informar trimestralmente al Secretario judicial sobre las sumas remitidas y recibidas, respectivamente, quedando a salvo en todo caso las alegaciones que el ejecutado pueda formular, ya sea porque considere que la deuda se halla abonada totalmente y en consecuencia debe dejarse sin efecto la traba, o porque las retenciones o entregas no se estuvieran realizando conforme a lo acordado por el Secretario judicial. Contra la resolución del Secretario judicial acordando tal entrega directa cabrá recurso directo de revisión ante el Tribunal.
En este sentido este senador urge conocer:
– ¿Considera adecuado a la ley el Gobierno tales prácticas?
– ¿Por qué no han elegido otro momento para aplicar estos criterios?
– Si la ley establece unas cantidades inembargables, ¿por qué no se aplica el SMI en su cómputo anual y sí en el de los meses de la paga extra, con lo que se excede del tramo inembargable, por lo que podrían haber estado embargando de más?
– Esta interpretación de la Ley ¿vulnera lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil?