La coalición lamenta que “el Gobierno más progresista de la historia persiga a las administraciones que optan por ayudar a los más desfavorecidos” y reclaman desde la Cámara Alta su retirada
MADRID, 18 de septiembre de 2020
El senador de Compromís, Carles Mulet, ha registrado la petición de comparecencia del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, a raíz del recurso de inconstitucionalidad al decreto de la Generalitat Valenciana que adapta la renta valenciana de inclusión al ingreso mínimo vital (IMV), por una supuesta invasión de competencias.
Compromís ha reclamado al ministro que “retire este recurso de inconstitucionalidad”, puesto que la medida afectaría a los escalones más débiles de la pobreza, que afectan a 9 mujeres de cada 10 afectados. Mulet añade que “es la Generalitat quien ostenta las competencias en materia de políticas sociales, de forma que quien invade en competencias impropias es el Gobierno”.
Desde la coalición en el Senado, Mulet ha propuesto que “en aras de la colaboración mostrada por la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, en el proceso de creación del IMV y, sobre todo por que todos queremos que las prestaciones del IMV y la Renta Valenciana de Inclusión sean herramientas de verdadera lucha contra la pobreza”.
La Generalitat Valenciana complementó prestaciones como el seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI) o las prestaciones por incapacidad, algo que el Gobierno español entiende de su única competencia. También gestiona con eficacia demostrada la Renta Valenciana de Inclusión. “El Gobierno más progresista de la historia (perdonen la ironía) continua con las políticas que atentan contra la propia esencia del Estado autonómico, con la especial equina hacia el autogobierno valenciano, interponiendo todo tipo de recursos de inconstitucionalidad a la legislación más progresista del Estado”, ha señalado el portavoz de Compromís.
El representante valencianista ha lamentado que se ataquen a unas prestaciones muy bajas y feminizadas. “Que la Generalitat complemente esas ayudas no es inconstitucional y un gobierno progresista no debe llevar al Tribunal Constitucional una medida de lucha contra la feminización del empobrecimiento estructural, como estamos haciendo desde el Govern del Botànic”, ha explicado.
Mulet ha recordado que la coalición ya pidió la comparecencia de Escrivá por la discriminación hacia la autonomía valenciana respecto a la vasca y navarra en la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV). “Meses después, los beneficiarios del IMV son bien pocos y han demostrado su limitada capacidad de gestión, de no permitir su gestión a CCAA con un alto nivel de implicación con la situación de la ciudadanía, mientras que son muy eficientes en presentar recursos contra quienes intentan mejorar la situación de los más pobres y vulnerables o en permitir a otros lo que prohíben a los valencianos”, concluye.
Prestaciones SOVI
Las pensiones del SOVI son un régimen residual con cuantías cercanas a los 400 euros, que representan el 3% del sistema y que se aplica a aquellos trabajadores y sus derechohabientes que, reuniendo los requisitos exigidos por la legislación del extinguido régimen, no tengan derecho a pensión del actual sistema de la Seguridad Social, con excepción de las pensiones de viudedad de las que puedan ser beneficiarios. Estas pensiones a extinguir van dirigidas a personas que cotizaron entre 1939 y 1967 por el seguro en vigor y les protegen en casos de vejez, invalidez y viudedad. De ellos se benefician unas 280.000 personas en toda España.