Madrid, a 27 de marzo de 2020
El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha exigido hoy al Gobierno el retorno al acceso universal a la sanidad pública. Mulet ha registrado una pregunta escrita en la cual explica cómo el actual estado de alarma por la crisis del Coronavirus, ha demostrado que la sanidad pública y universal es nuestro mejor patrimonio.  Precisamente la sanidad pública y universal ha estado foco de ataque continuo por parte de quien la ha querido convertir en un negocio y un privilegio de unos pocos.  “Ahora se demuestra que la mejor manera de luchar contra esta pandemia, y contra situaciones de este tipo es universalizar la sanidad, pero a pesar de ello, en España todavía no existe un acceso universal a la sanidad pública”.
P
or ejemplo:Lo publica : https://www.elsaltodiario.com/exclusion-sanitaria/aniversario-decreto-universalidad-psoe El 27 de julio el gobierno aprobaba el RDL 07/2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, pero esta no ha conseguido recuperar la situación previa a la legislación de 2012, no solo eso, sino que además en algunos aspectos este real decreto es incluso más regresivo respecto a la anterior reforma.El diagnostico negativo es compartido también por Médicos del Mundo y la plataforma Yo sí Sanidad Universal, que pertenecen a la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012. Según los colectivos que denuncian esta situación . el título de la ley era muy bonito, incluso el preámbulo de la ley es una cosa muy bonita de leer, pero desde un punto de vista práctico esta ley ha venido a homogeneizar algunas prácticas de exclusión y a darles un soporte legal.

Que la universalidad no fuera tal, lo sufren diversos colectivos: los inmigrante en situación irregular si no acreditan al menos 90 días de residencia en el país, incluyendo a grupos especialmente vulnerables como embarazadas o menores de edad que bajo la norma anterior estaban contemplados como excepción, las personas mayores con derecho a obtener la residencia mediante la reagrupación familiar por parte de sus hijas e hijos, las personas solicitantes de asilo o las víctimas de trata.José Félix Hoyo, presidente de Médicos del Mundo, lamenta que un sistema sostenible y eficaz, como el que había previamente a la reforma de 2012 —y que incluso sirvió de modelo a Barack Obama en su intento fallido de reformar el caro y excluyente sistema estadounidense— haya resultado irrecuperable:

Amnistía Internacional da cifras concretas de cómo se ha concretado esta exclusión:  afirma que las organizaciones se han encontrado con “más de 1300 casos en los que se vulnera el derecho a la salud entre ellas 55 mujeres embarazadas, 116 menores, 44 solicitantes de asilo, 85 casos de urgencia, 35 casos de personas mayores reagrupadas” a la ambigüedad de la legislación y las barreras administrativas, AI suma la falta de armonización de los procedimientos entre las distintas comunidades autónomas como factores de exclusión. Así,  “hay personas que deberían ser atendidas y no lo son, personas que tienen enfermedades tan graves como pueden ser el cáncer, enfermedades cardiovasculares o salud mental, o pacientes de VIH”.De todos los colectivos que han quedado excluidos del sistema, el de las personas mayores reagrupadas ilustra el callejón administrativo al que el fin de la universalidad empujó a mucha gente.  “Para venir a España se les exige un seguro médico privado, pero al ser mayores estos seguros no les aceptan o les cobran unos costes inasumibles. Así tienen la posiblidad legal de venir a España pero en la práctica por razones administrativas no pueden reagruparse: no tienen seguro privado y si no tienen seguro privado no tienen acceso al sistema público”,.
¿Qué supuso para estas personas el nuevo decreto? Un retroceso, comentan los responsables de las organizaciones, tras decenas de sentencias positivas para que se reconociera el derecho de acceso a la salud de estas personas, ya hay una sentencia en la que se ha denegado este derecho basándose en RDL 07/2018.
Las organizaciones coinciden en que revertir estos problemas no sería difícil, “bastaría con pequeños cambios en la redacción de la ley, con que esta contemplara, como hacía la ley del PP, excepciones por ejemplo para embarazadas, menores solicitantes de asilo, víctimas de trata, la mayor parte del problema se resolvería”,Cuando el PP aprobó la reforma sanitaria de 2012 que privó a 800.000 personas del acceso a la salud, se popularizó el concepto “turismo sanitario” algo que el gobierno definió como una lacra que rendía el sistema público de sanidad insostenible y contra la que había que legislar. Así, una problemática que tenía que ver más bien con la llegada de ciudadanos de otros países europeos cuyos sistemas sanitarios eran peores que el español, y que se solventaría fácilmente de manera administrativa, cargando los gastos de sus tratamientos o intervenciones al erario público de su país, fue tomada por un discurso xenófobo que ligaba turismo sanitario e inmigración irregular.Para las ONG esta idea no se sostiene: de un lado, es necesario ser individuos sanos y fuertes para emprender y culminar la amplia travesía que implican las rutas migratorias que atraviesan desiertos y mares desde África. Por otro lado, son varias las investigaciones que certifican que las personas inmigrantes aportas a las arcas públicas de los estados más de lo que obtienen de ellas, Sanidad incluida. Las cifras son claras, no solo la inmigración aporta más de lo que recibe, sino que la llegada de inmigrantes es necesaria para la sostenibilidad del sistema sanitario dados los desafíos demográficos del Estado.

Igualmente  desde la campaña https://yosisanidaduniversal.net/, se pone el foco en que hoy más que nunca, ¿qué pasa con la gente que no tiene tarjeta sanitaria? En estos momentos de estado de alarma y medidas sin precedentes en la sanidad pública no nos queda otra que recordar que sigue habiendo vecinos y vecinas que, les pase lo que les pase, no tienen tarjeta sanitaria.
Y las vías excepcionales para atenderles están cada vez más cerradas. Por ejemplo, una compañera del grupo de apoyo de personas excluidas por el INSS fue el jueves a su centro de salud con su madre, para ver a la médica que le atiende desde hace más de tres años y poder tener la receta de las pastillas para la tensión que necesita. Como le han borrado del sistema informático (cosa que el Servicio Madrileño de Salud hace cada cierto tiempo), la administrativa no le dejó pasar y le mandó a casa sin la medicación porque “no tenía derecho”, medicación que también le negaron en la farmacia a pesar de tener una receta blanca que le obliga a pagar el total del precio de las pastillas. Cada día nos siguen llegando correos e información de situaciones parecidas.
Desde 2012 llevan rebatiendo las mentiras sobre las que se asienta una exclusión con la que no ha terminado el decreto de 2018 del gobierno actual. Los datos están ahí y se pueden consultar, pero es que ahora, en la situación actual, los que defienden la exclusión ya ni tienen frases retóricas que les sirvan:
No, dejar gente sin atender no es más barato y sí, es peligroso para esa gente y para las demás.
• No, no existe ningún dato que demuestre que hay turismo sanitario de gente normal y corriente y tampoco de gente precaria que además vive aquí con nosotras. Y sí, ahora ya es incluso ridículo pensar que cualquier persona que necesite ir a un centro de salud ha venido para aprovecharse de nuestro sistema sanitario.
• No, la atención sanitaria no es una prestación de la Seguridad Social que solo tengan los que cotizan, y sí, el Ministerio de Sanidad y los servicios rautonómicos de salud deben y pueden poner este derecho por delante de otras consideraciones que, además, no tienen base socioeconómica demostrada.
• No, la universalidad de la atención sanitaria no es un gasto o un lujo, es la base de la salud de todas y del sistema sanitario público.

Podríamos escribir muchas más líneas, pero lo importante está en otro lado: en pensar para actuar cuidando y cuidándonos a todos y todas, desde y con el sistema sanitario público y universal.Esto sólo se puede hacer:
1) Si garantizamos el acceso a todas las personas que necesiten atención y apoyo sanitario: telefónico, expedición de recetas, atención presencial en centros de salud y hospitales
2) Para asegurar ese acceso, se asume desde el Ministerio de Sanidad el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria (desligándolo, en todos los casos, del INSS) y se acuerda con los servicios autonómicos de salud la expedición de tarjetas sanitarias a todas las personas
3) Desde los Servicios autonómicos se emite una directriz clara a los hospitales para no facturar en urgencias a personas que son nuestras vecinas y que no cuentan todavía con tarjeta sanitaria.

Por todo ello, la pregunta escrita ha sido ¿  qué medidas va a adoptar el Gobierno para conseguir una sanidad pública verdaderamente universal?