(foto de la notícia de El Mundo)
* Pregunta nº112913 NºRegistro: 20046 Expediente: 684/010559/0001 D. CARLES MULET GARCÍA Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita: egún informaciones de prensa, el pasado diciembre vigilantes de seguridad de AENA El Prat denunciaron presiones de su empresa (contratada por AENA) para expulsar a los mendigos, incluso violentamente. El objetivo era – hacerles la vida imposible-. Según la Cadena SER una juez de El Prat de Llobregat investiga delitos de coacciones y de incitación al odio. La magistrada se propone demostrar que los cargos de la empresa obligaron a sus empleados -bajo amenaza de despido- a molestar a los indigentes y a expulsarlos a la calle como fuera. ¿Tiene AENA y ENAIRE (dueña del 51% de AENA) responsabilidad sobre estos hechos?
la notícia
http://www.elmundo.es/cataluna/2017/02/08/589a843be5fdea94118bfa43.html
Admiten una denuncia de vigilantes que aseguran haber sido presionados para echar a sin techo.
Acoso para echar a los ‘sin techo’ de El Prat
Entre los sin techo del aeropuerto de Barcelona, cada uno tiene su apodo. El Negro, La Puri, El Andaluz, El Loco. Malviven repartidos entre las dos terminales, sobre todo en invierno. El pasado diciembre vigilantes de seguridad de El Prat denunciaron presiones de la empresa Ilunion Seguridad para expulsar a los mendigos, incluso violentamente. El objetivo era «hacerles la vida imposible». Transcurridos dos meses de la querella, una juez de El Prat de Llobregat investiga los delitos de coacciones y de incitación al odio, según avanzó la Cadena Ser.
Las órdenes de la empresa discriminan a una veintena de personas por ser pobres, según la querella. Los vigilantes incluyeron en ella pruebas que señalarían al gerente y a dos de sus coordinadores. Estos trabajadores señalan ejemplos: se persigue a indigentes «que no molestan a nadie» por hacer lo mismo que los pasajeros: dormir en los bancos o en el suelo de la terminal.
El neologismo aporofobia significa “odio, miedo, repugnancia u hostilidad ante el pobre, el que no tiene recursos o el que está desamparado”. La juez de El Prat entiende que los responsables de la empresa pueden haber incurrido en aporofobia. La magistrada se propone demostrar que los cargos de Ilunion, empresa del grupo ONCE, obligaron a sus empleados -bajo amenaza de despido- a molestar a los indigentes y a expulsarlos a la calle como fuera. La juez debe esclarecer si Aena, empresa gestora de los aeropuertos, tuvo o no responsabilidad en los hechos.
“Sacar a los indigentes sí o sí” y “por cualquier medio”. Así es como deben echar de las instalaciones los vigilantes a las personas sin techo, según la querella. Los denunciantes también rechazan que se les obligue a llevar «sin ninguna razón de orden público» un registro, un seguimiento y la identificación de esta veintena de personas.
La denuncia de la Asociación de Vigilantes de Seguridad del Aeropuerto de Barcelona contra Ilunion Seguridad subraya la amenaza de despidos si no cumplen las órdenes de “acosar” a los sin techo. La compañía quiere que los vigilantes quiten a los indigentes sus enseres personales y la ropa de abrigo durante la noche o que simplemente los despierten para molestarlos y obligarlos a que se marchen para siempre, según la querella.
La entidad recuerda que los vigilantes no pueden echar a nadie de unas instalaciones abiertas las 24 horas, con la excepción de que los usuarios se salten las normas. Comprobado que el colectivo de personas sin techo no hace un uso indebido de las terminales, los vigilantes consideran que las órdenes recibidas son “discriminatorias”.
Aena quiso limitar hace cinco años el acceso nocturno a las terminales para evitar incidentes con los indigentes. La medida se planteó después de que empleados de turnos de noche denunciaran casos de violencia. Pero la decisión cayó en saco roto porque la Generalitat decidió liderar la solución de un problema social que afrontó junto a El Prat de Llobregat y Barcelona.
La llegada en 2016 del metro a la infraestructura se tradujo en un aumento de la presión de los vigilantes sobre los indigentes. Tres de ellos están procesados por una presunta paliza a un indigente ebrio. La Fiscalía pide dos años de cárcel para ellos, imputados por un delito contra la integridad moral y un delito leve de lesiones con la circunstancia agravante de alevosía.