El senador Carles Mulet traslada las peticiones de mayor seguridad realizada por distintas organizaciones sindicales ante los problemas de protección detectados
Madrid, 22 de abril de 2020
Carles Mulet ha reclamado conocer, a través de varias preguntas realizadas al Ejecutivo, qué medidas adicionales van a adoptarse para mejorar la protección de los funcionarios, trabajadores y reclusos en las prisiones españolas.
Distintos sindicatos han alertado de los problemas de prevención que se están dando entre el personal penitenciario y reclusos ante la pandemia de Covid-19. Según denuncian, desde Instituciones Penitenciarias los EPIs facilitados a los funcionarios no son los adecuados, además de escasos (en algunos centros se da 1 mascarilla quirúrgica para 37 horas de trabajo (1 ciclo)).
Mulet ha señalado que “la Administración debe velar por sus trabajadores y facilitarles al máximo todas las medidas de prevención posibles, algo que no está ocurriendo según nos trasladan desde numerosos centros de todo el Estado, donde se está convirtiendo en un problema que preocupa a internos y personal”.
Asimismo, remarcan que se ha limitado la consideración de contacto estrecho con un caso positivo a Covid-19, sólo a quienes hayan tenido contacto con una persona con infección respiratoria aguda grave o leve. La regla general va a ser considerarlos contacto casuales y continuar trabajando con una mascarilla. Se reducen el número de trabajadores que están en investigación a la espera de hacerse las pruebas. También denuncian que se establece la posibilidad de incorporar al personal a trabajar antes de finalizar la cuarentena. El hecho de no realizarse los test antes de la reincorporación tanto si los trabajadores han sido positivos como si han tenido contacto con positivos, puede implicar que se introduzca el virus en las instituciones.
Así, no se protege suficientemente al personal sensible o de riesgo al Covid y el servicio de prevención de IIPP no prescribe ninguna baja, sólo se adapta el puesto manteniendo la exposición. El acceso a la PCR es limitado al personal que tenga síntomas y contacto directo con internos, etc.
Los sindicatos denuncian además que se recorta la protección “porque son un servicio público esencial pero no se está valorando que tenemos una plantilla envejecida con patologías previa y que la población interna es vulnerable y que el virus puede ser mortal para ellos. ¿Cómo se va a proteger a los más vulnerables si tienen que seguir trabajando los asintomáticos portadores del virus y los que tienen síntomas leves? ¿Cómo vamos a protegerles cuando empiece la desescalada y se abran los centros retomando las comunicaciones y permisos de salida?”, se preguntan y reclaman que el personal de riesgo, sensible no trabaje mientras se controla la situación. De hecho, ya se han reabierto los talleres de muchas cárceles sin establecer protocolos específicos internos de protección y tampoco se conocen los de las empresas.
También relatan que, mientras en unos centros se les entregan mascarillas de protección hasta FFP2, en otros tan solo unas quirúrgicas desechables al finalizar el turno de trabajo y que, en general éstas están siendo escasas y de las más sencillas y apartadas salvo excepciones de los reclusos.
En este sentido este senador reclama conocer:
– ¿Cuántos trabajadores de Instituciones Penitenciarias e internos están afectados por el Covid- 19? ¿y cuántos de los trabajadores se hallan en cuarentena?
– ¿A qué se debe la diferente distribución de medios de protección a los trabajadores de unos centros respecto a otros?
– ¿Por qué no se han repartido mascarillas en cantidad y calidad suficiente y realizado tests en las distintas instituciones penitenciarias del país?
– ¿Qué medidas preventivas se están adoptando desde la administración penitenciaria para que no se produzcan disturbios entre población reclusa y trabajadores por el confinamiento?
– ¿Qué medidas preventivas se están adoptando entre los trabajadores vulnerables del sistema penitenciario, un servicio considerado esencial?