El portavoz de medio ambiente del Parlamento Portugués contradice al secretario de energía del Gobierno Español.
Madrid, a 20 de febrero de 2018. El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha afirmado que después de las declaraciones efectuadas ayer en Salamanca por el presidente de la Comisión del Medio Ambiente del Parlamento de Portugal, Pedro Soares, respaldadas por una delegación de todo el espectro parlamentario del país vecino, evidencian que el secretario de Estado de Energía del Gobierno Español, Daniel Navia, mintió el pasado día 13 en la comisión de energía del Senado.
Los parlamentarios portugueses explicaron ayer, en la reunión efectuada en los municipios de Boada y Villavieja de Yeltes, a la cual asistió Mulet en representación de Compromís, que el Gobierno portugués ha pedido de manera reiteradas información al gobierno español sobre la polémica mina de Retorillo ( Salamanca) a 30 quilómetros de Portugal, y según estos, e Gobierno español ha negado diga información con la excusa de no afectar al suelo portugués” ( a pesar de si afectar posiblemente a la atmosfera, al subsuelo y aguas del país vecino=
Los portugueses han reclamado que “haya una evaluación de impacto ambiental transfronteriza”, ya que “las autoridades portuguesas están muy preocupadas por la implantación de esta mina de uranio y creemos que las españolas deben adoptar una actitud de transparencia y compartir información con Portugal”.
Estas declaraciones, según Mulet, quién ha llevado de manera reiterada este caso ante la Cámara Alta, contradicen rotundamente la versión de secretario de Estado de energía, versión que puede consultarse en el diario de sesiones del Senado http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_C_12_219.PDF
Transcribimos parte del debate:
Mulet exponía que “ El próximo lunes viene a la zona de Retortillo una delegación de diferentes partidos políticos de Portugal, ante la falta de trasparencia y comunicación que está teniendo el Gobierno español con el del país vecino. Recordemos que la mina de uranio está a 30 kilómetros, en línea recta, de la frontera portuguesa y desde el primer momento ha causado gran preocupación en ese territorio. El lunes vendrán bastantes representantes. Ya en marzo de 2014 vino una delegación de diversos partidos políticos. Acudieron al encuentro en Villavieja de Yeltes para informarse del proyecto, ya que el Gobierno español no estaba informando. Querían información sobre las consecuencias para la salud de los mineros y sus familias que tuvo la explotación de uranio en Portugal. Sabían perfectamente qué repercusiones tenía sobre la salud y el medioambiente. En noviembre de 2015 también fueron invitados miembros de partidos políticos portugueses a las Cortes de Castilla y León para explicar las repercusiones que tienen las minas de uranio en el territorio. Esta inquietud ha llegado al Gobierno de Portugal. Así, en septiembre de 2016 el ministro de Medio Ambiente portugués comunica que se ha requerido al Gobierno español información sobre el proyecto minero. Conviene resaltar que en 2008 se firmó un protocolo de actuaciones entre España y Portugal en aplicación de evaluaciones ambientales de planes, programas y proyectos con efectos transfronterizos como este. La Junta de Castilla y León no tuvo en cuenta estos efectos más allá de la frontera con Portugal y ahora este país reclama la posibilidad, en aplicación de dicho protocolo, de abrir un plazo de información pública en su territorio para que se puedan presentar alegaciones, cosa que no se ha hecho. Entendemos que la actuación del Gobierno español —porque en este caso tiene que ser el Gobierno español, ya que es el que ha firmado los acuerdos con el Gobierno de Portugal— tendría que haber sido más trasparente y más colaboradora a la hora de abordar este problema con el país vecino. Por eso le formulamos en su día esta pregunta y otras más, que se contestaron con respuestas bastante vagas, por lo que nos gustaría que nos informarse sobre este punto.
Respuesta del secretario de Estado :
Y en el ámbito de Retortillo, que es por el que usted pregunta, insisto en que todas estas cuestiones que está usted suscitando son relativas esencialmente al impacto medioambiental transfronterizo, contemplado, tanto en las directivas, como en el Convenio de Espoo. Por lo tanto, no son competencias del Gobierno, sino de la Junta de Castilla y León, por lo que yo no puedo entrar a valorarlo. Mi entendimiento es que la Junta de Castilla y León, como no puede ser de otra manera, valoró la posibilidad de un impacto transfronterizo y, como este no se producía, no elevó consulta a las autoridades portuguesas. En todo caso, ya le digo que no es ámbito de mi competencia ni conozco los expedientes con detalle para poder entrar en esta cuestión. En cuanto al ámbito nuclear, sí tengo que decirle que la Secretaría de Estado de Energía remitió solicitud al CSN para que evaluara si la mina, la fábrica de tratamiento, debía ser incluida entre las instalaciones que podían tener impacto transfronterizo en atención, tanto a la normativa europea nuclear como a la normativa o a los tratados bilaterales que mantuvimos con Portugal; y el Consejo de Seguridad Nuclear nos ha confirmado que no es el caso porque esta instalación no se incluye entre las que requieren dicho tratamiento. En todo caso, y por despejar una cuestión que usted parece suscitar, nosotros hemos mantenido contactos frecuentes en relación con la mina de Retortillo y se le ha respondido al Gobierno de Portugal cuando nos ha remitido alguna consulta, tanto desde la parte de medioambiente como desde la parte energia
En cuanto al espíritu de la buena colaboración, le reitero lo que le he dicho antes: hay una buena colaboración y, a nivel de Gobiernos, se han aclarado las cuestiones que el Gobierno de Portugal había suscitado.
Para Mulet “ es evidente que el representante del gobierno mintió conscientemente en el Senado, el Gobierno español no ha colaborado con el Portugués en este caso. El Gobierno Español está cómodo derivando todas las responsabilidades al autonómico y mirando hacia otro lado mientras se incumplen los protocolos básicos de consulta al país vecino en un caso que le afecta gravemente. Por esos vamos a elevar una queja al gobierno, por mentir en el Senado, y por no atender a las peticiones del Gobierno y el Parlamento portugués:
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