El Senado tramita hoy el primer proyecto de Ley de la coalición, que ha contado con la colaboración del Foro de la Memoria y la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, que parte de los principios de ‘memoria, dignidad, justicia y verdad’ y busca reparar y reconocer las víctimas 

Madrid, 13 de diciembre de 2017

El Senado debatirá hoy la toma en consideración de la Proposición de Ley para el Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Franquismo y de la Memoria Democrática del Estado español. La propuesta ha sido apoyada esta mañana por el Foro de la Memoria y la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, que han colaborado en la redacción de la misma.

El documento, de 41 artículos, busca recuperar la memoria histórica, reconocer a las víctimas, la defensa de la Democracia y acabar con la impunidad de los crímenes franquistas.

Según Mulet “la memoria histórica y la erradicación del franquismo en las calles es un tema pendiente al que hemos dedicado muchos esfuerzos con una campaña en aquellos municipios que no han cumplido con la Ley y pensamos que ha llegado el momento de ir más allá y plasmarlo en una Ley”.

 

Arturo Peinado, presidente de la Federación de Foros por la Memoria, ha agradecido que se incorporen las conclusiones y carta del encuentro estatal de los más de 80 colectivos de la memoria histórica y de víctimas del franquismo que precisamente reclamaba esta Ley, “la condena del franquismo como régimen criminal en los términos de la ONU, el reconocimiento de las víctimas del franquismo como elemento central de la ley y los derechos judiciales que los asisten como otros colectivos de víctimas, la protección de los derechos de los afectados y que se acabe con las secuelas de la impunidad de los crímenes contra la humanidad, que proteja de forma eficaz a las víctimas del franquismo y que no se nos anime a pedir una subvención”.

 

Carles Mulet ha reclamado que el Estado “sea parte activa en todo el proceso, buscando desaparecidos y siendo justos con las víctimas del franquismo (encarcelados, expedientados, torturados), liderando como Estado las legítimas reivindicaciones de las entidades memorialísticas de anular sentencias, declarar ilegales los tribunales golpistas y que los juzgados puedan ir exhumando de acuerdo con partidas presupuestarias concretas y que no deban hacerlo los familiares de las víctimas o las asociaciones en los juzgados”.

 

Por su parte Julián Rebollo, portavoz de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo ha recordado que “siguen los miles de fosas comunes en el Estado, nuestros familiares fueron asesinados y esto es una auténtica vergüenza, sin que el Estado invierta un euro, como si fuera perros. Las fosas hay que acabarlas y los crímenes del franquismo tiene que ser considerado como un régimen criminal que acabó con muchísima gente”.

 

LA PROPUESTA DE COMPROMÍS

El Anteproyecto propone anular los consejos de guerra sumarísimos y las correspondientes sentencias instruidas por el régimen franquista por arbitrarios e ilegales, adoptando el resarcimiento a las víctimas, así como la reconstrucción de los archivos penales y judiciales afectados. En su título II propone medidas para rehabilitar a las víctimas y sus familias y contar con el reconocimiento de víctimas del franquismo. También regula la desaparición forzosa, crea un Censo de Memoria Democrática con información de desaparecidos y víctimas de la Guerra Civil y el franquismo con las circunstancias de cada caso; un mapa de fosas, la investigación para localizar los enterramientos, establecer metodologías de investigaciones, compilar testimonios orales de forma urgente de víctimas y testigos directos así como un protocolo de exhumaciones y su planificación, con fondos necesarios para ello en los Presupuestos Generales del Estado.

En su título III se propone la reparación a las víctimas que lo fueron por participar en la vida democrática y defenderla, mediante jornadas y homenajes, el aliento a reflexionar sobre cualquier forma de exclusión violenta de personas o colectivos. Por otro lado propone convertir el 18 de julio en el día de recuerdo de las víctimas y homenaje a la democracia “con el objeto de mantener el recuerdo de las víctimas desde un planteamiento de salvaguarda de los valores democráticos de respeto, integración, convivencia y cultura de paz”.

 

Entre los bienes de la Memoria Democrática del Estado Español se incluyen los Lugares de Memoria Democrática, con significado histórico para explicar el pasado, fosas, obras realizadas con trabajadores forzados y de resistencia y se integrarán como Bienes de Interés Cultural en el Patrimonio Español. También propone la realización de rutas de lugares cercanos entre sí y la creación de un inventario. Asimismo se incluirán los documentos a un Fondo Documental de Memoria Democrática en el que colaborarán entidades académicas e instituciones titulares de archivos para su estudio y difusión, así como la creación en el portal del Gobierno español de un apartado relativo a la Memoria Democrática.

Finalmente propone acciones para retirar aquellos elementos contrarios a la Memoria Democrática, como placas, escudos sobre edificios públicos, alusiones a la legitimación de la sublevación militar y la Dictadura franquista o títulos honoríficos. Además propone ilegalizar aquellas entidades que incumplan la ley y dejar sin subvenciones y ayudas públicas de la Administración a aquellas entidades que no eliminen de sus edificios y espacios públicos los símbolos contrarios a la Memoria Democrática y un régimen sancionador. Las actuaciones previstas en la Ley estarían coordinadas por una Comisión Técnica de Memoria Democrática.