Las plataformas sociales contra los proyectos se dirigen a Compromís para continuar con su lucha.
Madrid, 25 de septiembre de 2017
Los senadores de Compromís, Carles Mulet y Jordi Navarrete, han presentado una moción en Senado para exigir la paralización de los proyectos mineros que amenazan la provincia de Ávila. Esta propuesta nace por la petición de miembros de las plataformas contrarias a estas iniciativas privadas.
Será la Comisión de Medio Ambiente del Senado la que ponga fecha para su debate y si el PP, que disfruta de mayoría absoluta, su aprobación.
TEXTO DE LA MOCIÓN
La provincia de Ávila nunca ha sido territorio minero, pero a día de hoy varias de sus sierras se han visto afectadas por proyectos que ponen en peligro el paraje natural, acarreando las consecuencias típicas de una explotación de esta envergadura y que se acogen a la preconstitucional Ley de Minas de 1973.
Los terrenos afectados por los diferentes proyectos se encuentran en las Sierras de Ávila, Yemas y en el Valle del Corneja, afectando a los municipios de Riofrío, Gemuño, Sotalvo, Mironcillo, Bonilla de la Sierra, Becedillas, Las Castillas, Tórtoles, Cabezas, La Torre, Sanchorreja, Narrillos y Vallecas, y otros.
Han sido numerosas las movilizaciones llevadas a cabo por los ciudadanos y las ciudadanas, así como por las diferentes plataformas que luchan por paralizar estos proyectos que ponen en serio peligro la fauna y flora de la provincia de Ávila, así como la salud de sus vecinos.
El Ayuntamiento de Ávila aprobó en el Pleno del mes de marzo de 2017 que en cumplimiento del artículo 45.2 de la Constitución Española, cuyo mandato exige a los poderes públicos proteger y mejorar la calidad de vida y el medio ambiente apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva, además de declarar su apoyo a las justas reivindicaciones de la plataforma No a la Mina en la Sierra de Yemas, muestra y declara su más firme compromiso para acudir a cuantas instancias y vías administrativas hubiere lugar y fuere necesarias para la defensa de los intereses de sus vecinos, llegando a agotar todas aquellas instancias judiciales que fueren precisas”. Mientras, el Presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrero, parece no preocuparle este grave problema que afecta a su comunidad.
Así, existe un oscurantismo consciente de las empresas mineras y de las secciones de Minas de la Junta de Castilla y León en Ávila, pues los proyectos abulenses se están tramitando y saliendo a la luz pública muy lentamente, ya que, de mostrarse los 33 proyectos previstos en bloque, la administración estaría obligada a elaborar un plan al respecto por el cambio de desarrollo económico de la provincia que esto comportaría, con el consecuente estudio del impacto ambiental ordinario. La falta de consulta y exposición pública suficiente no demuestra sino las intenciones de ocultación de estas actuaciones.
Con respecto al impacto ambiental hay que señalar que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) emitió informe contrario al proyecto de instalar una mina a cielo abierto para la extracción de feldespato en la Sierra de Ávila, a apenas 30 kilómetros de la capital abulense. El proyecto de Investigación Minero 1146 (en la sierra de Yemas) prevé la ocupación e interceptación del Arroyo Espinarejo mediante un camino de acceso a la zona de extracción de material, lo cual no se permite por parte de la CHD. Además, la documentación presentada “no garantiza, a priori, la no afección a las aguas subterráneas, por lo que se informa de forma desfavorable”. En lo relativo al uso de agua en el proceso extractivo, la empresa contempla realizar, al menos, dos balsas. A pesar de indicar que los trabajos tendrían una profundidad de 45 metros, en el Registro de Aguas de la CHD no consta inscrito ningún aprovechamiento de aguas a favor del promotor de la explotación con destino a los usos propuestos.
Cabe recordar que en 2009 la Comisión Europea decidió denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber analizado adecuadamente el impacto medioambiental de las minas de carbón a cielo abierto en el valle de la Laciana (León) ni haber tomado las medidas correctivas necesarias para mitigarlo. El Ejecutivo comunitario resaltó que estas minas están situadas en nun espacio protegido por la red Natura 2000, el Alto Sil, donde habitan dos especies en peligro de extinción y protegidas por las directivas sobre aves y sobre hábitats: el oso pardo y el urogallo. La normativa europea obliga a evaluar el impacto de cualquier proyecto en las especies protegidas antes de iniciar las obras, habiendo enviado ya carta de emplazamiento al Estado español en febrero de 2008 por incumplir este requisito. La Justicia Europea declaró que España incumplía la directiva de evaluación de impacto ambiental y la de hábitats al haber autorizado las explotaciones mineras a cielo abierto de “Nueva Julia” y “Los Ladrones” sin supeditar la concesión de las correspondientes autorizaciones a la realización de una evaluación que permitiera identificar, describir y evaluar de manera apropiada los efectos directos, indirectos y acumulativos de los proyectos de explotación a cielo abierto existentes. La sentencia resaltó además que las autoridades españolas tampoco adoptaron medidas para evitar el deterioro de los hábitats, incluidos los de las especies, y las perturbaciones significativas para el urogallo, ocasionadas por las explotaciones de “Feixolin”, “Salguero-Préame-Valdesegadas”, “Fonfría”, Ampliación de Feixolín”.
Los dos proyectos que afectan al Valle del Corneja, Sonsoles 1138 y Villatoro 1145 suman un total de 100 cuadrículas mineras, mientras que el ya nombrado 1146 en la Sierra de Yemas, ocupa más de 50, lo que se traduce en centenares de hectáreas de paraje natural destruido, llevando en el caso del segundo incluso a hacer desaparecer la población de Cabañas. Ello supone que, además del evidente impacto ambiental que ello supone, las consecuencias recaerán también sobre los cultivos (ya que el arrastre de las partículas por agua perjudica la agricultura, al erosionar y esterilizar las superficies de cultivo) como sobre la salud de las personas.
Estas actividades supondrían una agresión enorme e irreversible al paisaje, a la vida tradicional, al futuro de estas comarcas, incalculables problemas medioambientales y sobre la salud, emisión de gases y posible contaminación de acuíferos, incrementar el fenómeno de despoblación que sufre esta zona, y un retorno económico insignificante
Por ello se presenta la siguiente MOCIÓN:
1.-El Senado insta al Gobierno a la redacción de una ley de Minas que derogue la ley preconstitucional de 1973 y que incorpore los avances legislativos autonómicos en esta materia, así como la sensibilidad medioambiental y del territorio que la sociedad tiene actualmente.
2.-Instar al Gobierno autonómico de Castilla y León a anular los proyectos mineros que afectan a su territorio por el daño irreversible que este tipo de actuaciones genera en si entorno (en las Sierras de Ávila, Yemas y en el Valle del Corneja, y los que estén tramitándose)
3.- El Senado insta al Gobierno a impulsar un pacto entre las Administraciones Públicas de defender los derechos de los ciudadanos y de velar por su calidad de vida, con una planificación dónde aquellas actividades que tengan un impacto grave en el territorio únicamente puedan tramitarse cuando exista un consenso social y político y esté justificado el interés general, el respeto ambiental y la consulta ciudadana real.