Ha llegado a tardar casi cuatro años cuando está obligada a cumplir en seis meses
El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha lamentado que el Gobierno de por bueno el incumplimiento sistemático por parte de la Fundación Francisco Franco de la presentación de sus cuentas tal y como exige la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, que fija en seis meses desde el cierre de cada ejercicio para su presentación. “A pesar de ello, han llegado a acumular más de cuatro años de retrasos, sin que el Gobierno haya adoptado ninguna medida ya que, como la ley no contempla sanciones, el Gobierno tampoco anuncia medidas para castigar esta práctica”, remarca el senador valenciano.
Aunque, según Mulet, lo peor es que fundaciones como estas existan y reciban fondos públicos, “hasta 150.841,22 euros desde 2000 a 2003, tal y como reconoce el propio Gobierno en otra respuesta parlamentaria. Es como si la actual Alemania pagara dinero de todos a una legalizada fundación Adolf Hitler, algo inconcebible e imperdonable. Pero aquí en el Estado Español, no pasa absolutamente nada, porqué el Partido Popular se descara como heredero legítimo del franquismo, bloqueando la Ley de Memoria Histórica y permitiendo el enaltecimiento de un régimen genocida. Gracias al PP, España es después de Camboya el Estado con más asesinados desparecidos y eso es porque los herederos políticos de la dictadura continúan en el poder”.
Mulet ha afirmado que hay que “ilegalizar este tipo de organizaciones “que atentan contra la democracia, los derechos humanos y promueven el incumplimiento de las leyes, “llegando a ofrecer todos sus servicios para incumplir la Ley de la Memoria Histórica, algo inaudito, que debería tener tras de sí todos los mecanismos que contempla la propia legislación que quieren incumplir de forma organizada y deliberada”. En cualquier país democrático de nuestro entorno, una entidad de este tipo habría sido disuelta, condenada y apartada de las prerrogativas, beneficios (impuestos, blindaje de su patrimonio…) e ingresos que permite la legislación, suponemos que en algunos casos para pagar o contratar personal. Además debería ser supervisada, para que cumpla de forma efectiva con sus rentas con los fines sociales que marca la ley y con los plazos en sus obligaciones.
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