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Adjuntem les preguntes formulades al Govern Central pel senador de Compromís Calres Mulet, i la resposta donada en cada una d’elles
¿Ha calculado el Gobierno el coste económico que tendría rescatar ya para la gestión pública la explotación de la autopista AP7?
Entendiendo que la referencia a la autopista AP-7 se refiere al tramo cuya concesión es la de la sociedad Autopistas Aumar, S.A. Concesionaria del Estado, se indica que con la premisa de que, actualmente, el Ministerio de Fomento no tiene previsto rescatar dicha concesión, puede estimarse el coste del rescate evaluando el lucro cesante que correspondería a la estimación de los importes de los peajes, a los que la sociedad concesionaria tiene derecho, que dejaría de percibir hasta el final del periodo concesional, incluyendo, además, los gastos de conservación futuros de la autopista.
( O sea, no dan respuesta). Desde de Compromís se ha criticado siempre la negativa a explicar el coste de este rescate, para poder compararlo hasta qué punto es más asumible que no las actuaciones completementarias en otras vias como consecuencia de su saturación por no rescatar la AP7
Desde el inicio de la concesión de explotación privada de la autopista AP7 en el territorio valenciano, incluyendo sus reiteradas prórrogas:
-¿Qué cantidad ha abonado año por año la empresa concesionaria a la administración general del Estado por ser beneficiada de esta concesión?
La sociedad concesionaria de la autopista AP-7, a su paso por territorio valenciano, es Autopistas Aumar, S.A. Concesionaria del Estado. Dicha sociedad concesionaria no abona ningún importe a la Administración General del Estado por la gestión de la concesión. Debe indicarse que la concesión administrativa de una autopista de peaje, como es el caso de la autopista AP-7 en cualquiera de sus tramos, se adjudica por concurso público. Una vez adjudicada, el objeto social de la sociedad que gestionará esa concesión es el de construcción y explotación de la vía. Ello significa que la citada sociedad aporta los recursos necesarios para, primero construir, y posteriormente mantener la infraestructura, y a cambio la Administración le reconoce el derecho de cobrar unos peajes a los usuarios de la misma, durante un determinado plazo, que le permita amortizar los capitales empleados y todo ello establecido en un contrato concesional que obliga a las partes. Una vez suscrito el contrato, la explotación viaria es a riesgo del concesionario. Por último, cabe señalar que el Ministerio de Fomento controla y garantiza que las labores de mantenimiento son las adecuadas, a través de inspecciones periódicas.
El Ministerio de Fomento no ampliará los plazos de concesión de la explotación de autopistas de peaje por parte de empresas privadas que vencen entre los próximos tres y cinco años (entre 2018 y 2021), que entonces pasarán a manos del Estado para, “en su momento, decidir la mejor forma de explotarlas”. Así lo aseguró el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en su reciente comparecencia en el Congreso, que no concretó la fórmula que se baraja para gestionar a partir de entonces las vías, esto es, si el Estado las explotará directamente o bien volverá a sacar a concurso la concesión de su gestión a una empresa. ¿ve factible el Gobierno la gestión privada de las autopistas y en concreto de la Ap7?
El Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, no contempla actualmente prorrogar los plazos concesionales de las autopistas que están próximas a su finalización. Cuando finalicen, las autopistas revertirán a la Administración General del Estado. Esa es la situación de la autopista AP-7, Tarragona-Valencia-Alicante, que finaliza en el año 2019.
( No contempla actualmente…)
Desde el inicio de la concesión de explotación privada de la autopista AP7 en el
territorio valenciano, incluyendo sus reiteradas prórrogas:
-¿ Se ha calculado el beneficio que ha podido obtener esta empresa año por año?
De la sociedad concesionaria de la autopista AP-7, a su paso por territorio valenciano, que es Autopistas Aumar, S.A. Concesionaria del Estado, se conoce su situación económica-financiera, dado que la Administración General del Estado realiza anualmente (en cumplimiento de la cláusula 50 del pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, aprobado por Decreto 215/1973, de 25 de enero) una censura (auditoría) previa de las cuentas que la sociedad concesionaria debe presentar por obligación de la legislación mercantil.
( no aportan los datos!)
Desde el inicio de la concesión de explotación privada de la autopista AP7 en el territorio valenciano, incluyendo sus reiteradas prórrogas:
-¿Se conoce cual ha sido el tráfico que ha soportado este vial año a año?
Toda la información sobre el tráfico en la Red de Carreteras del Estado se encuentra disponible para su consulta en la siguiente dirección:
únicamente aportan datos de 2015 y 2016!