Mulet: “Algunas de estas diputaciones, las más corrompidas, deberían cerrarse, pero con los cargos políticos dentro”
Los senadores de Compromís, Carles Mulet y Dolors Pérez, han registrado en el Senado una moción opuesta a la que la semana pasada aprobó en solitario el PP en la cámara alta en defensa de las diputaciones.
La moción de Compromís insta al Gobierno Central a iniciar los trámites necesarios, incluyendo las modificaciones legales oportunas, para suprimir las Diputaciones provinciales por ser estas instituciones innecesarias, de dudoso funcionamiento democrático y excesivamente costosas para el erario público. Además insta a tomar las decisiones oportunas para que se mantengan los servicios que las diputaciones prestan a los municipios, por delegación de estos, pasando provisionalmente a depender de los gobiernos autonómicos, que las podrán administrar mediante sus delegaciones y los Servicios Territoriales de las diferentes consejerías.
Compromís recuerda que la división del Estado Español en diputaciones provinciales se ideó en el proceso constituyente de Cádiz en 1812, organizando el territorio en 31 provincias. La constitución de Cádiz las creaba no sólo como instrumento de promoción de los pueblos que abarcaran su circunscripción, sino como un órgano intermedio entre el poder central y los municipios. En 1833 Javier de Burgos establece la división provincial de España, con una estructura prácticamente idéntica a la que mantenemos “la realidad histórica de ese estado plural, hoy en día, dista mucho de una estructura pensada en y para 1812. En el siglo XIX una España rural, con malas comunicaciones, dificultaba mucho la organización territorial, y se optó por dividir el territorio de la manera que entonces se estimó oportuna de acuerdo a las posibilidades de aquella época. Con una intencionalidad clara de una visión centralista del Estado, que quería tener en cada parte su administración periférica cortada por el mismo patrón, forzando a veces estructuras sin arraigo y no ajustadas a la realidad histórica ni cultural”.
Según el senador de Compromis, Carles Mulet “desde entonces, el Estado ha ido avanzando y hemos creado un Estado de las Autonomías, donde estas nuevas realidades políticas y administrativas asumen plenamente las funciones para los cuales fueran creadas las diputaciones: son instrumentos de promoción de sus municipios y son órganos intermedios entre el poder central y las administraciones locales. En la mayoría de casos, son las diputaciones las que acuerdan con otras, constituirse en Comunidades Autónomas (como es el caso valenciano), donde con la llegada de la transición, son las diputaciones provinciales las que acuerdan crear el llamado “entre preautonómico”; futura Comunidad Autónoma”.
Las competencias ejercidas hasta entonces por las diputaciones se transfirieron y solo preservaron la coordinación de planes y obras de servicio que, hoy día, solapan las inversiones del Plan Local que impulsa el Gobierno Autonómico en virtud de sus competencias en administración local. Llegados a este extremo, se ha incurrido en el vicio de ejercer competencias que no son propias para justificar su propia existencia, como la promoción turística, la política cultural o, incluso, la creación de una realidad territorial “espacial”.
En muchos territorios se ha optado por dotar de contenido a las entidades comarcales, mucho más cercanas a los ciudadanos y, de nuevo, la estructura que sobra entre el municipio, la comarca y la comunidad autónoma, es la Diputación. No se trata pues, de desmerecer ni menoscabar el posible papel histórico que han podido tener las diputaciones para la prestación de servicios, pero desde el despliegue del actual modelo, “no tienen sentido”.
Para Compromís, el encaje de las Diputaciones en este nueva realidad ha sido bastante dispar según comunidades autónomas. Mientras en algunas se han podido ir vaciando de competencias y presencia, en otras se ha convertido en auténticos reinos de taifas, en nidos de corrupción, clientelismo y control partidista del territorio, reinstalando o manteniendo una estructura caciquil.
“En el caso valenciano, con ejemplos como Joaquín Ripoll, Carlos Fabra, Francisco Martínez, Alfonso Rus o Javier Moliner, se entiende más que en ningún otro sitio la necesidad urgente de cerrar la diputaciones y, si puede ser con algunos de sus dirigentes dentro. Cerrados con siete llaves y lanzadas al mar, ya que las han convertido en nidos de corrupción y malversación de dinero público, además de haberlas convertido en organismos inútiles”, ha sentenciado el senador.